El 1 de agosto entrará en vigor el nuevo acuerdo Swift entre la Unión Europea y Estados Unidos, que permitirá que los servicios secretos norteamericanos puedan acceder a los datos bancarios personales de ciudadanos europeos, con el objetivo último de luchar contra el terrorismo.
Es importante saber que sólo las
transferencias a destinos fuera de la UE se verán afectadas.
Éstas son las
consecuencias para los clientes europeos:
¿Quién se verá afectado?
Los europeos que transfieran dinero al extranjero, como Estados Unidos, África o Asia. Ese tipo de
transacciones son consideradas sospechosas porque en opinión de Estados Unidos pueden financiar campos de entrenamiento de terroristas en terceros países, como Afganistán. La cuenta de una persona sospechosa podría ser bloqueada. Las transferencias dentro de la UE no se verán afectadas.
¿De qué datos se trata?
Los que tiene en su poder la empresa belga Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que administra a diario unos
15 millones de transacciones entre más de 8.000 bancos en todo el mundo. Los clientes bancarios conocen quién presta el servicio gracias al código Swift-/Bic, que es el código bancario internacional.
¿Quién será investigado?
En teoría,
cualquier ciudadano europeo que haga una transferencia a un país fuera de la UE a través del sistema Swift. Éste transmite el nombre de quien envía los fondos y de quien los recibe, los datos de las cuentas, la suma y el motivo de la transferencia. También se incluye el DNI.
¿Cómo se producirán en concreto las investigaciones?
Supongamos que el señor X de Madrid es sospechoso de terrorismo. EEUU pregunta a Swift por sus datos bancarios, pero como la empresa no tiene organizada la información por los nombres, no puede filtrar de forma específica los datos del señor X. Por ello,
pasa a EEUU todo el paquete de información de la región o provincia -en este caso Madrid- en la que vive el sospechoso.
Así, pueden ir a parar a EEUU los datos de todos los residentes en Madrid que un día determinado hayan realizado transferencias a un país externo de la UE, y por tanto también personas que no están bajo sospecha pueden ser controladas por los servicios secretos.
¿Es la primera vez que se controlan los datos bancarios?
No. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 los servicios secretos estadounidenses controlaban los datos a través de
un servidor Swift en EEUU. Cuando se supo de esta práctica, Swift trasladó los servidores a Europa y por eso fue necesario negociar un nuevo acuerdo con los estadounidenses, que se habían quedado sin esa fuente de información.
¿Es posible denunciar estas medidas ante un tribunal?
No.
Los afectados sólo pueden dirigirse a la agencia de protección de datos de su respectivo país y exigir que sus datos sean corregidos, borrados o bloqueados. Los clientes bancarios pueden exigir asimismo una
indemnización. Pero no está claro que las demandas realmente sean útiles, ya que los expertos subrayan que las agencias de protección de datos no son más que un "buzón" y no pueden hacer mucho.
¿Qué dicen los críticos?
Los responsables de protección de datos creen que es una
violación de los derechos fundamentales y critican el largo período en que los datos pueden ser almacenados -cinco años-.Tampoco están de acuerdo con que la entrega de la información se haga en paquetes, ni con el hecho de que el control de las investigaciones la realice Europol, de la que dicen que no es objetiva, sino que también está interesada en datos de sospechosos de terrorismo.
¿Qué espera lograr EEUU ?
Las autoridades se remiten a éxitos del pasado, que al parecer llevaron en muchos casos a esclarecer atentados o descubrir redes terroristas islámicas. EEUU menciona al menos diez casos, entre ellos los atentados de Madrid en 2004.
¿Cuánto tiempo estará vigente el acuerdo?
Cinco años y luego se extenderá de forma automática. La UE creará sin embargo en los próximos años un sistema propio para acabar con la transferencia en paquetes, de modo de que se pueda analizar los datos y entregar a EEUU sólo aquellas informaciones de personas bajo sospecha.